La seguridad social constituye un derecho establecido en nuestra constitución y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la considera como un derecho humano irrenunciable. Sin embargo, el crecimiento poblacional de nuestro país, las malas políticas públicas y una deficiente coordinación nacional tanto logística como operativa han provocado que los servicios de seguridad social no lleguen a las familias ni de manera oportuna y suficiente ni con la calidad requerida.
A través de los servicios de seguridad social, el Estado debería brindar el apoyo necesario a las familias en los momentos más difíciles y vulnerables, para que estas salgan adelante y mantengan un nivel adecuado en su bienestar físico, laboral, familiar y económico.
El fundamento de dichos servicios es ayudar a las personas a ser resilientes contra las contingencias como los accidentes, enfermedades, vejez, desempleo, invalidez, la vivienda digna, la falta de recursos por pérdida de padres, la educación, guarderías y la maternidad. Para ofrecer estos servicios, se constituyeron importantes instituciones, como el IMSS, el ISSSTE y el Infonavit, que son el brazo ejecutor de la normatividad establecida en nuestra Constitución.
Como se observa, muchas de estas contingencias son riesgos asegurables. Por ello, los seguros privados son el complemento indispensable y fundamental para proteger de la mejor manera posible a la población de cualquier país, permitiéndole mantener su nivel, calidad y estilo de vida ante cualquier eventualidad. Esto adquiere mayor relevancia si consideramos las limitaciones del Estado para atender los riesgos mencionados.
El Inegi, el Coneval y diversas fuentes gubernamentales indican que el acceso a los servicios de salud está muy limitado y que muchas ciudades carecen de medicamentos, suministros y camas para hospitalización, cirugías o estudios. Algo similar sucede con la educación, por lo que muchas familias se aprietan el cinturón para enviar a sus hijos a escuelas privadas.
En cuanto a la jubilación, muy pocas personas obtendrán una pensión y la mayoría de éstas, recibirá cantidades muy bajas que no garantizarán una vejez digna. Además, el Sistema Nacional de Cuidados aún no opera y quizás la situación no cambiará hasta un mediano plazo. Con respecto a los fallecimientos, las coberturas económicas que otorga el Estado son muy escasas, pobres y difíciles de tramitar.
En virtud de este panorama, la familia se ha convertido en la principal institución de seguridad social del país, porque asume los gastos médicos; los fallecimientos; las pensiones; los servicios de cuidado de enfermos, niños y adultos mayores; la reparación de viviendas afectadas; los eventos catastróficos y muchas otras incidencias. Por ello, el presupuesto familiar está siendo muy afectado, lo que podría llevar a muchos hogares a la bancarrota y tener fuertes implicaciones sociales.
La población mexicana no solo, no está preparada de manera económica, técnica y emocional para enfrentar estos riesgos, sino tampoco debería asumirlos bajo ninguna circunstancia, así que al hacerlo transita por el camino inadecuado. Aquí es donde el seguro privado debe involucrarse y aprovechar la gran oportunidad de cubrir buena parte de lo que el Estado ya no está ofreciendo. Para ello, las aseguradoras, coordinadas bajo un solo paraguas, deben crear productos novedosos y accesibles para todos, que sean fáciles de aplicar, indemnizar y comprender para los usuarios, y los agentes deberán llegar a la población desatendida y garantizarle una satisfactoria experiencia de compra, para que conozca las bondades del seguro y que ya no se alejen de esta industria.
Texto escrito por Jorge Barba Pingarrón para Revista Siniestro. Él estudió Actuaría en la UNAM y la Maestría en Administración en el ITAM. Es director general de BF Actuarios, empresa dedicada tanto al corretaje de seguros y fianzas como a la consultoría actuarial. Además, participa como expositor, ponente, maestro de ceremonias y promotor de temas de seguridad social en múltiples foros y eventos. Ha sido docente, vicecanciller de la Orden al Mérito (Amasfac), presidente de la Junta de Honor del Conac y vicepresidente tanto del Consejo Directivo Nacional del IMEF como de la Comisión del Ahorro para el Retiro.
Act. Jorge Barba Pingarrón
Director general, BF Actuarios